Autores:
José Alberto López Rafaschieri y Luis Alberto López Rafaschieri
www.morochos.org
En la Asamblea Nacional de Venezuela, los chavistas no saben si crear una nueva Ley de Inquilinato, o modificar la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente, para supuestamente proteger a los inquilinos de la explotación capitalista. Una de las políticas que se está planteando en esta ley es la de confiscar la posesión del propietario y adjudicarla al inquilino, si éste tiene más de 20 años pagando una renta. Esto podría tener sentido para el chavismo, pero aquí hay varios puntos que se deberían tomar en cuenta:
Primeramente, ¿dónde quedan los derechos constitucionales de los propietarios? ¿o es que injustamente se asume que todos los arrendadores tienen la culpa de que los inquilinos no puedan comprar viviendas? No todo el que posee una propiedad la obtuvo haciendo negocios ilícitos como cree el chavismo, sin embargo, esta ley tratará a ciertos arrendadores como si fueran delincuentes cuyo castigo será perder sus posesiones.
En segundo lugar, ¿cómo es posible que se vaya a promulgar una ley tan polémica y se le otorgue carácter retroactivo? Si los propietarios hubieran sabido esto con antelación, muchos de ellos no habrían puesto en alquiler sus viviendas para que después el gobierno se las arrebate.
Luego, ¿qué tal si aplicamos este descabellado concepto de justicia a otras materias? Por ejemplo, si tengo 20 años siendo cliente de un supermercado, ¿me convierto en su dueño por lo que he gastado ahí? O si tengo 20 años en Venezuela pagando impuestos, o consumiendo algún servicio público, ¿se transforma esto en un pago que me otorga el derecho de reclamar la posesión de la propiedad estatal?
Y desde una perspectiva más práctica, ningún país, sea socialista o capitalista, ha resuelto un déficit habitacional con una norma como ésta. Los únicos frutos que conseguirá esta nueva Ley de Inquilinato serán ahuyentar aún más al sector privado, y dejar claro que la Venezuela de Chávez es un país donde el gobierno actúa sin respetar los principios básicos del Estado de Derecho.
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