Autor: Carlos Alberto López Rafaschieri
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El jueves 07 de febrero de 2008, varios tribunales a nivel mundial (Estados Unidos, Inglaterra y Holanda) ordenaron medidas cautelares a favor de la parte demandante por un valor de doce mil trescientos millones de dólares ($12.300.000.000) de los activos de la contraparte (PDVSA).
La finalidad de las medidas cautelares, en el mundo jurídico, consiste en asegurar las resultas del juicio a favor del demandante. Visto desde un punto de vista más sencillo, quien demanda tiene un temor de que, al término del juicio, la parte demandada no tenga activos suficientes para pagar al demandante. Ante tal situación, se solicita al tribunal que decrete una medida preventiva para garantizar que al finalizar el juicio, la parte demandada tenga cómo responder.
Es importante aclarar la duda que muchas personas tienen sobre la realidad agonizante que vive PDVSA, con respecto a si lo que se decretó fue un embargo o una medida cautelar.
Las medidas cautelares son resoluciones preventivas para asegurar el resguardo de un conjunto de bienes, que versa en la prohibición de realizar cualquier actividad que pueda enajenar las cosas decretadas bajo la medida cautelar en tanto dure el juicio, es decir, una prohibición de enajenarlas (venderlas, cederlas, entre otras) durante el juicio, pero que de ninguna manera afecta la propiedad.
Por su parte, el embargo se refiere a la expropiación que hace el tribunal que conoce de la demanda ante la negativa del demandado de cumplir voluntariamente con el veredicto de la sentencia, expropiando determinados bienes para ser vendidos bajo la figura del remate judicial. El dinero producto de tal operación, es otorgado a la parte demandante (lo que le corresponda por derecho según dictamen de la sentencia). Luego de deducir los gastos judiciales, el excedente que en ciertas circunstancias suele quedar, es reintegrado al demandado.
Antes de llegar al embargo, el tribunal primero emite sentencia, espera un lapso prudencial para que la parte demandada cumpla voluntariamente, y en caso de negativa, aplica el embargo.
Lo que sufre PDVSA en los actuales momentos es una medida cautelar, porque apenas el proceso judicial se encuentra en la fase inicial. Esperemos que no lleguemos nunca a estar bajo la figura de un embargo, porque las consecuencias serían muy lamentables para nosotros los venezolanos, ya que PDVSA perdería importantes activos.
El tribunal donde se presenta la demanda, analiza los niveles de procedencia para decretar las medidas cautelares. Lo que implica un estudio primario del caso, observando principalmente dos puntos fundamentales: El primero, consiste en presumir la posibilidad de que la parte demandada no pueda tener los activos suficientes con qué pagar las secuelas del juicio. Y el segundo (en mí criterio el más importante), la determinación de los elementos de convicción entre los hechos acontecidos y el derecho.
Por lo general, los tribunales a nivel universal suelen rechazar las solicitudes de medidas cautelares, ya que al conocer de la demanda no quedan muy convencidos de la pretensión manifestada en ella. Es decir, no quedan satisfechos con las razones expresadas.
Lo anterior hace presumir que la demanda realizada por Exxon Mobil tiene altas probabilidades de salir como vencedora del juicio (debido a que los tribunales aceptaron su solicitud de medidas cautelares contra PDVSA)
Es un hecho notorio para la opinión púbica que a mediados del año 2007, el Presidente de la República decidió cambiar las condiciones contractuales suscritas entre nuestros gobernantes y Exxon Mobil, acto jurídicamente inaceptable. Causándole un gran perjuicio no solo a Exxon Mobil, sino también a otras empresas petroleras arraigadas en nuestro país que fueron víctimas del mismo hecho.
Es sumamente irresponsable buscar la culpabilidad en los medios de comunicación, quienes solo se encargan de mantener actualizados de los hechos nacionales e internacionales a toda la colectividad, o peor aún, culpabilizar a las empresas trasnacionales, que vienen al país con fines lucrativos, pero que generan al mismo tiempo un provecho al Estado en múltiples formas (tales como el monto pagado por establecerse en nuestro país, los empleos que generan a nuestros ciudadanos y los impuestos, entre otros). Además, no debería haber inconveniente con respecto a la información que debemos tener nosotros los ciudadanos venezolanos de las actuaciones de PDVSA y lo que se relacione con ella, ¿o es que acaso el eslogan de “PDVSA ahora es de todos” es simplemente otra mentira?
La responsabilidad es de nuestros gobernantes, al no respetar las disposiciones contractuales que se suscribieron con Exxon Mobil. Hecho que le causará un gran perjuicio a los ciudadanos venezolanos, empobreciéndonos cada día más.
Las dos formas comunes de la terminación de los contratos son: primero, cuando las partes en el contrato lo acuerden o, segundo, cuando las partes de COMUN ACUERDO decidan finalizar la relación contractual antes del término plasmado en el contrato.
Excepcionalmente se permite que las relaciones contractuales finalicen por voluntad unilateral, y para ello, debe realizarse una notificación a la otra parte con anticipación, y por supuesto, debe estar expresado en el contrato. De lo contrario, es inaceptable, dándole a la otra parte el derecho a demandar por los daños y perjuicios ocasionados a la contraparte.
En mí criterio, Exxon Mobil tiene el derecho a ser resarcido por los daños ocasionados de los actos irresponsables de nuestros gobernantes, y de no existir una transacción o acuerdo antes del juicio donde se les compense por dichos daños, con seguridad PDVSA saldrá vencida en la contienda judicial.
Hago la salvedad de que las personas responsables de los actos que originaron el mencionado agravio, deberían ser llamados a juicio por nuestros tribunales, por los perjuicios que ellos nos causan a nosotros los ciudadanos. Actuación especial que debemos esperar por parte de EL CONTRALOR, LA ASAMBLEA NACIONAL, y sobre todo, de LA FISCALIA GENERAL, ya que para eso fueron elegidos en sus cargos públicos y por ende se les consigna un sueldo muy sustancioso.
Me resulta por cierto muy irónico, el hecho de que el presidente de la república nos manifieste a cada momento lo mal que debemos pensar sobre EL IMPERIO de los Estados Unidos, y pretenda sembrarnos un odio hacía este país, pero a la hora de la verdad, como la que está viviendo PDVSA, sea contratada para su defensa un grupo de abogados de los Estados Unidos. ¿Es que acaso Venezuela no posee un gran elenco de abogados ilustres que puedan representarnos mejor? Realmente se me hace imposible comprender el supuesto “patriotismo” del presidente de la república. Además, ¿dónde queda la labor del PROCURADOR GENERAL? ¿O significa ello que es otro sueldo injustificado de un funcionario nombrado para no trabajar, o trabajar a medias? El caso, ni siquiera, le fue asignado a los norteamericanos conjuntamente con un grupo de abogados venezolanos, sino que es de tratamiento exclusivo para una firma jurídica de Estados Unidos. Valga señalar en este sentido, que dichos honorarios serán pagados por los venezolanos.
Quiero resaltar que no tengo ningún tipo de remordimiento hacía los Estados Unidos, ni a ningún otro país demócrata, al contrario, me place saber que los Estados Unidos es uno de los pocos países consumidores del petróleo venezolano y que no solo hace el pago de forma puntual, sino que lo paga al precio establecido en el mercado mundial.
Ojala que se pueda llegar a un acuerdo previo al proceso judicial, donde no perdamos tanto dinero los venezolanos. Porque de seguir el juicio su curso natural hasta emanar una sentencia definitiva, con seguridad saldremos derrotados de esa contienda judicial. Sin contar que tendremos que sumar a la deuda los intereses moratorios y los gastos de dicho juicio, tales como los honorarios de los abogados que sean nombrados.
Los venezolanos no merecemos ver con impotencia cómo un grupo de incapaces destrozan lo que hasta ahora es un país prospero. Los funcionarios responsables de todos estos hechos aberrantes deben responder por todo el daño que nos están ocasionando, tanto en materia administrativa como penal. Espero que eso algún día suceda.
Por Carlos Alberto López Rafaschieri. Abogado (UCV)
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