José Alberto López Rafaschieri y Luis Alberto López Rafaschieri
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La Ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, estrenó el cargo delineando lo que será la nueva política carcelaria del chavismo: Enfrentar la crisis que vive el sistema de prisiones venezolano desocupando los centros de reclusión, aunque esto implique que no se aplique el castigo que la ley prescribe para los delincuentes y se fomente la criminalidad.
Que cuarenta por ciento de los presos sean dejados en libertad y que hasta nuevo aviso esté prohibido el ingreso de reclusos a las cárceles son parte de los primeros lineamientos de esa nueva política chavista para la gestión de prisiones, medidas que están elaboradas con el único propósito de evitar que siga explotando el descontento en las cárceles, deteriorando aún más la imagen del gobierno ante la población.
Las repercusiones sociales de soltar a prácticamente la mitad de los presos y no encerrar a más delincuentes alentará a que los criminales perciban todavía más la incapacidad del gobierno en mantener el orden, y a que las mentes de los antisociales asuman la debilidad institucional del Estado venezolano para castigarlos como un aliciente para cometer más y peores transgresiones a la ley.
¿Qué pasaría si se aplicaran políticas parecidas también en la educación cuando estuvieran llenos los planteles educativos, o en los hospitales cuando ya no hubiera camas para más pacientes? ¿Habría que echar a la calle a la mitad de los alumnos/enfermos y cerrar el acceso a los centros de prestación de estos servicios? Evidentemente no, igual que en la salud y la educación, construir a tiempo más y mejores instituciones y corregir las imperfecciones del sistema fue lo que debió hacer el gobierno cuando comenzaron a presentarse los primeros síntomas de un colapso penitenciario hace años, y es lo que debe hacerse ahora, aún en medio del peor momento del problema, antes de que las cosas empeoren.
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