Luis Alberto López Rafaschieri y José Alberto López Rafaschieri
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El 11 de marzo de 2011 en Japón hubo un terremoto de 9 grados en la escala de Richter que destruyó decenas de miles de viviendas. Casi en el mismo instante, un devastador tsunami golpeó las costas orientales japonesas, causando nuevos daños en la infraestructura y la población de ese país.
Como si no fuera suficiente, horas después del terremoto y el tsunami, varios reactores nucleares de Japón comenzaron a presentar fallas graves, lo que hasta ahora ha sido catalogado por la Agencia Internacional de Energía Atómica como un accidente nuclear de nivel 5 (en una escala que va del 1 al 7).
El resultado, más de 7 mil muertos; más de 10 mil desaparecidos; decenas de miles de damnificados; 1.5 millones de viviendas sin servicio de agua; 4.4 millones de hogares sin electricidad; casi todos los servicios públicos afectados, incluyendo carreteras y trenes; telecomunicaciones inoperantes en varias zonas; eventos deportivos suspendidos y 8.8% del PIB en pérdidas económicas.
No obstante, a nadie en Japón se le ocurrió que una ley habilitante plenipotenciaria de dos años solucionaría el problema, como dispuso Chávez en Venezuela cuando se enteró de que 34 personas habían fallecido debido a las lluvias de finales de 2010. Así como tampoco ningún japonés propuso solucionar la crisis con una política de invasiones residenciales y rebatiña, como la que el chavismo adelanta actualmente en Venezuela.
Pasará año y medio, y los destrosos que vemos hoy en Japón nos resultarán increíbles cuando volvamos a ver imágenes de las mismas zonas, entonces recuperadas. Mientras, en Venezuela, las equivocadas políticas de un gobierno socialista dan los frutos correspondientes a una mala administración.
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