Aspecto político de las expropiaciones urbanísticas en Venezuela

Autores:
Luis Alberto López Rafaschieri y José Alberto López Rafaschieri
www.morochos.org

Asegurar que la decisión del gobierno de tomar los proyectos urbanísticos en problemas con el INDEPABIS es una medida que favorecerá a los propietarios, es difícil, pues tal vez haya multas y ajustes de deudas, pero es casi imposible imaginarse a estas constructoras devolviendo sumas tan grandes a sus clientes y esperar que no vengan más retrasos e incertidumbre cuando los chavistas comiencen a administrar las obras.

Muchas de estas constructoras estaban causando daños a los consumidores, cobrando aumentos basados en IPC mediante artimañas pseudo-legales e incumpliendo reiteradamente las fechas de culminación. Sin embargo, no podemos olvidar que, para estos casos, el procedimiento regular que establecen las leyes no hace referencia a expropiaciones presidenciales y debería ser un tribunal quien dictamine sobre los culpables y sus sanciones.

Pero a pesar de que estas compañías tenían varios años incurriendo en prácticas que fueron denunciadas, como por casualidad, a Chávez se le ocurrió hacer esto justamente después de tener más o menos un mes de anunciar una cruzada para resolver el problema habitacional en Venezuela. Llegará 2012 y Chávez dirá ante el país que su gobierno en tan sólo dos años levantó más de 20 nuevas urbanizaciones de clase media y posiblemente presenciaremos el espectáculo de verlo entregar los apartamentos a sus dueños en una de sus innumerables cadenas de radio y televisión.

¿Quién gana entonces? Ojalá pudiéramos decir que los propietarios, pero al pensar que Chávez se consiguió un montón de obras frescas para inaugurar, el ganador está más que claro.

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